El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas restricciones migratorias contra funcionarios, jueces y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acusados de corrupción, vínculos con el narcotráfico o conspiración contra sus gobiernos. La medida afecta a 27 personas, incluyendo a funcionarios públicos, miembros del sistema judicial y empresarios, así como a sus familiares directos.
Entre los casos destacados, el juez peruano Juan Carlos Núñez Matos fue incluido en la lista, tras haber emitido una sentencia contra el exministro de Defensa peruano. Esta decisión forma parte de una política más amplia que busca fortalecer la lucha contra la corrupción en la región.
La medida se enmarca en los compromisos de la alianza Escudo de las Américas, que busca promover la transparencia y la lucha contra el crimen organizado. Estados Unidos justifica las restricciones como parte de un esfuerzo conjunto para mejorar la gobernanza en los países participantes.
Las restricciones incluyen la revocación o limitación de visas, así como la imposición de restricciones a familiares directos de los afectados. La política busca reducir la influencia de actores considerados como una amenaza para la estabilidad política y económica de la región.
