La relatora especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, denunció durante su visita a Venezuela restricciones a la sociedad civil, incluyendo trabas legales, restricciones sindicales y detenciones por motivos políticos.

Romero señaló que las organizaciones no gubernamentales (ONG) continúan enfrentando obstáculos para desarrollar su labor. Durante su visita, no logró entrevistar al preso político Perkins Rocha, lo que refleja la limitada libertad de movilidad y expresión en el país.

La relatora advirtió sobre el impacto de leyes de fiscalización y contra el odio, que según ella, han sido utilizadas para limitar la actividad de la sociedad civil. También exigió la liberación incondicional de cientos de presos políticos.

Esta situación se suma a denuncias previas sobre la supresión de derechos fundamentales. La ONU ha mantenido un diálogo con Venezuela sobre temas de derechos humanos, pero las restricciones persisten.

Venezuela y la ONU han evaluado nuevos marcos de cooperación bilateral, con enfoque en el desarrollo sostenible. Sin embargo, las tensiones persisten entre las instituciones internacionales y el gobierno local.