La Ley contra el Odio en Venezuela enfrenta una polarización entre el gobierno y la oposición. El secretario general del partido Copei, Juan Carlos Alvarado, propuso reformar parcialmente la ley, considerando que las expresiones de odio deben regularse conforme a estándares internacionales. En cambio, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) rechazó la propuesta y exigió la derogación “inmediata” de la norma, acusando que ha sido usada para perseguir y encarcelar ciudadanos inocentes.
La Asamblea Nacional de 2015 había expresado esperanza de que la reforma contribuyera al restablecimiento de las garantías ciudadanas. Sin embargo, la oposición sostiene que la ley es inconstitucional y ha sido instrumentalizada para reprimir críticos. La jueza Afiuni cuestionó públicamente la reforma, afirmando que el odio no se reforma, sino que se deroga.
El gobierno, encabezado por Delcy Rodríguez, argumenta que la reforma parcial es necesaria para equilibrar la norma y evitar su uso abusivo. Sin embargo, la Plataforma Unitaria pone en duda la intención del gobierno, señalando que la ley ha sido parte del aparato represivo bajo el mandato de Maduro. La tensión se profundiza con la postura de la oposición, que exige una derogación total, mientras el gobierno busca una solución más moderada.
