El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), en un gesto que refleja la creciente hostilidad de Estados Unidos hacia el organismo. Las medidas, anunciadas por el Departamento de Estado, afectan a funcionarios y organismos vinculados a la CPI, como parte de una política de desconfianza hacia el sistema judicial internacional.
Trump, quien ya había expresado críticas públicas contra la CPI, destacó en declaraciones que las sanciones son una respuesta a la "injusticia" y "ingenuidad" de la institución. A su vez, el senador republicano Marco Rubio, aliado del presidente, amenazó con "desmantelar" la CPI, señalando que su labor es "incompatible con los valores estadounidenses".
El Departamento del Tesoro confirmó que permitirá ciertas operaciones financieras relacionadas con la CPI hasta abril de 2027, lo que sugiere que las sanciones no serán aplicadas de inmediato en todos los casos. Esta medida, sin embargo, no implica una suspensión total de las actividades de la CPI en Estados Unidos.
La Corte Penal Internacional, fundada en 1998, se encarga de investigar y juzgar crímenes internacionales como el genocidio, el crimen de guerra y la tortura. Su relación con Estados Unidos ha sido tensa desde su creación, especialmente tras la decisión de Estados Unidos de no reconocer su jurisdicción en ciertos casos. La postura de Trump y su equipo refleja una tendencia a reforzar la autonomía del sistema judicial estadounidense frente a instituciones internacionales.
